COMUNICADO

La Organización de Naciones Unidas reconoció ya que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

Como dice el legislador español, la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre esta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.

En nuestro país, al aliento de dichos principios, la erradicación de estos delitos se ha erigido en un objetivo de política criminal de primer orden. A tal fin se ha elaborado un entramado normativo sin parangón posible en otros ámbitos de la criminalidad, expresivo de la sentida responsabilidad social del legislador y de los demás agentes jurídicos y sociales implicados en la lucha contra tan alarmante fenómeno delictivo.

Para la Fiscalía General del Estado, conseguir la máxima eficacia en la erradicación y castigo de las conductas violentas que se cometen en el ámbito familiar y asegurar la más real y eficaz protección de las víctimas viene constituyendo una de sus prioridades en los últimos años.

Pese a todo, el verdadero reto de nuestra época no es el de promover la investigación y castigo de los actos de violencia sobre la mujer sino el de construir entre todos una sociedad en la que tales actos queden reducidos a una manifestación marginal de un pasado ya superado.

Ferrol, 31 de agosto de 2012

Fdo. Román Ruiz Alarcón,

Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Ferrol

Dirixido ás usuarias do CIM.

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OS MERCORES ÁS 11 HORAS

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Na convocatoria, publicada no DOG o 16 de abril, ofértanse 95 prazas para mulleres e para menores ao seu cargo con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos.