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PROTOCOLO de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género

PROTOCOLO de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género


(Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de Junio de 2005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

I.A.- ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO

I.C.- ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN O ASEGURAMIENTO

II. CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO

II.A.- ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA MEDIDA DE ALEJAMIENTO

II.B.- DETENCIÓN DEL RESPONSABLE POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

II.C.- COMPARECENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ALEJAMIENTO

II.D.- POSIBLE ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PROVISIONAL O DE OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

III. COMUNICACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

III.A.- OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

III.B.- CONEXIÓN TELEMÁTICA ENTRE ÓRGANOS JUDICIALES Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

III.C.- COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD A LOS ÓRGANOS JUDICIALES

III.D.- COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

1.- Resoluciones judiciales

2.- Informes

3.- Otros antecedentes

4.- Otras comunicaciones

5.- Destino de las comunicaciones

IV. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL V COMUNICACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS

VI. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO

ANEXO I: CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ATESTADO

1.- MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA

2.- DATOS DE LA VÍCTIMA Y SU AGRESOR

3.- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

4.- DATOS DE LA VIVIENDA Y PATRIMONIALES

5.- HECHOS

6.- SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

7.- COMPARECENCIA Y MANIFESTACIÓN DEL DENUNCIADO

8.- MANIFESTACIÓN DE LOS TESTIGOS

9.- DECLARACIÓN DE LOS AGENTES POLICIALES QUE HAYAN INTERVENIDO EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA

10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA

11.- DILIGENCIA DE DETENCIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS

12.- DILIGENCIA DE INCAUTACIÓN DE ARMAS

13.- DILIGENCIAS DE APORTACIÓN DE ANTECEDENTES REFERIDOS AL PRESUNTO AGRESOR

14.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL INFORME MÉDICO

15.- DILIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

16.- DILIGENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

17.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL ATESTADO

18.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

ANEXO II: REGLAMENTO DE ASPECTOS ACCESORIOS

INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, en su artículo 31 referido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prevé, en su apartado 3, que su actuación habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de genero.

Este Protocolo fue aprobado por la Comisión de Seguimiento para la Implantación de la Orden de Protección, el 10 de junio del 2004, y por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, el 27 de septiembre del mismo año.

La Comisión Técnica creada por la Comisión Nacional para la Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (1), ha llevado a cabo una labor de adecuación de este Protocolo al contenido de la referida Ley Orgánica –en adelante Ley Integral-, cuyo texto ha sido aprobado por la referida Comisión Nacional y por el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, los días 8 y 28 de junio de 2005, respectivamente.

(1) La Comisión Nacional para la Implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer esta integrada por los siguientes organismos e instituciones: Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, las Consejerías competentes de la Xunta de Galicia, Gobierno Vasco, Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, Gobierno de Canarias, Gobierno de Navarra, Comunidad de Madrid, Consejo General de la Abogacía y Consejo General de Procuradores.

I.- ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA

Con la finalidad de prestar una atención preferente a la asistencia y protección de las mujeres que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar y atenuar, en la medida de lo posible, los efectos de dicho maltrato, se potenciará la presencia, en todas las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de funcionarios especializados en el tratamiento de la violencia de género y doméstica, así como su formación específica en instrumentos e indicadores de valoración del riesgo.

I.A.- ACTUACIÓN EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Desde el mismo momento en que tengan conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal en materia de violencia de género y doméstica, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizarán las siguientes actuaciones:

1.- Por su relevancia para establecer las medidas policiales y judiciales que deban adoptarse en cada caso, así como el orden de prioridad que deba asignarse al seguimiento de las mismas, se realizarán acciones de averiguación para determinar la existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s, en concreto:

Se informará a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica en los términos que se detallan en el anexo I del presente protocolo.

Se procederá a la inmediata y exhaustiva toma de declaración de la víctima y los testigos, si los hubiera.

Se recabará urgentemente, si se observan indicios de la existencia de infracción penal, información de los vecinos y personas del entorno familiar, laboral, escolar, Servicios Sociales, Oficinas de asistencia a la víctima, etc., acerca de cualesquiera malos tratos anteriores por parte del presunto agresor, así como de su personalidad y posibles adicciones.

Se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor, así como los antecedentes de este último y posibles partes de lesiones de la víctima remitidos por los servicios médicos.

Se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas. A estos efectos y en todos los casos, se procederá a consultar los datos existentes en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente entre la/s víctima/s y el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, con objeto de disponer inmediatamente de los datos necesarios para valorar la situación de riesgo en cada momento, y a tal efecto, siempre que sea posible:

- Se asignará dicha función a personal con formación especializada en la asistencia y protección de las víctimas de violencia doméstica. Se facilitará a la víctima un teléfono de contacto directo y permanente con el/los funcionarios asignados para su atención individualizada.

- Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que permitan una comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo o fuerza de seguridad correspondiente, en los supuestos en que atendidas las circunstancias del caso y de la propia víctima ello sea necesario.

2.- Una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares, entre otras:

Protección personal que, según el nivel de riesgo que concurra, podrá comprender hasta la protección permanente durante las 24 horas del día.

Información / formación sobre adopción de medidas de autoprotección.

Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre el contenido, tramitación y efectos de la orden de protección, y las demás medidas de protección y seguridad previstas en la Ley Integral; así como de los servicios sociales, oficinas de atención a la víctima y de los puntos de coordinación que se encuentran a su disposición.

En el caso de que se trate de una extranjera en situación irregular, información sobre el derecho a regularizar su situación por razones humanitarias, en los términos dispuestos en el artículo 45.4.a) y 46.3 del Reglamento de Extranjería.

3.- Se procederá a la incautación de las armas y/o instrumentos peligrosos que pudieran hallarse en el domicilio familiar o en poder del presunto agresor.

4.- Cuando la entidad de los hechos y/o la situación de riesgo lo aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto agresor.

I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán recoger en el atestado las diligencias y contenidos mínimos que se acompañan como Anexo al presente Protocolo, que será remitido para su aprobación al Comité Técnico de Coordinación de Policía Judicial; y, una vez aprobado, se facilitará a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y al resto de Organismos e Instituciones representadas en la Comisión Nacional de implantación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En el atestado se hará constar cuantos datos existan como antecedentes y hagan referencia a malos tratos cualesquiera por parte del presunto agresor, obtenidos como resultado de las averiguaciones practicadas según lo expuesto en el epígrafe I.A de este Protocolo.

Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes.

La Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad instructora del atestado derivado de infracción penal en materia de violencia doméstica o solicitud de la Orden de Protección, adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la Autoridad Judicial, a fin de asegurar la presencia de la víctima o su representante legal, del solicitante, del denunciado o presunto agresor y de los posibles testigos, ante la Autoridad Judicial competente (Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Juzgado de Instrucción de Guardia ), que vaya a conocer del asunto.

A estos efectos, durante la tramitación del atestado se recabará la mayor cantidad de datos que puedan llevar a la identificación, localización y control del presunto agresor (filiación, teléfonos, domicilios, trabajos, lugares frecuentados, vehículos, fotografías, cintas de vídeo, etc.), de tal forma que su declaración se incluya entre las diligencias practicadas y se garantice su posterior citación ante el órgano judicial.

La Unidad Policial dispondrá lo necesario para evitar la concurrencia en el mismo espacio físico del agresor y la víctima, sus hijos y restantes miembros de la familia.

En todo caso la actuación de la Policía Judicial tendrá en cuenta los criterios que establezca la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.

I.C.- ACTUACIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS JUDICIAL DE PROTECCIÓN O ASEGURAMIENTO

Una vez recibida la comunicación de la resolución y la documentación acompañada a la misma por el órgano judicial, la unidad operativa responsable del seguimiento y control de la/s medida/s acordada/s, se atendrá a los siguientes criterios:

1.- Examen individualizado del riesgo existente en cada caso para graduar las medidas aplicables a las distintas situaciones que puedan presentarse. Para realizar el diagnóstico y motivación de la situación objetiva de riesgo, se tendrán en cuenta tanto los datos y antecedentes obtenidos en la fase de investigación y elaboración del atestado, los facilitados por la autoridad judicial (véase el epígrafe III.D, apartados 2 y 3, del presente protocolo), y los que pudieran ser facilitados por los servicios sociales, Oficinas de Atención a la Víctima o el Punto de Coordinación designado.

2-. Análisis del contenido de la resolución judicial. Para determinar qué elementos pueden contribuir a incrementar la seguridad de la/s víctima/s resulta imprescindible el conocimiento preciso del contenido de la parte dispositiva de la resolución judicial (número de metros o ámbito espacial de la prohibición de aproximación, instrumentos tecnológicos adecuados para verificar el incumplimiento ....).

3.- Adopción de medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo que concurra en el supuesto concreto: custodia policial de 24 horas, vigilancia electrónica del imputado, asignación de teléfonos móviles, vigilancia policial no continuada, etcétera. A estos efectos, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

En ningún caso las medidas de protección pueden quedar al libre albedrío de la víctima.

Siempre que sea posible se hará recaer en el agresor el control policial del cumplimiento de la orden de protección o medida de alejamiento.

4.- Elaboración de informes de seguimiento para su traslado a la Autoridad Judicial competente, siempre que el órgano judicial lo solicite o cuando se considere necesario por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

5.- En los supuestos de reanudación de la convivencia, traslado de residencia o renuncia de la víctima al estatuto de protección, que eventualmente pudieran producirse, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrán inmediatamente tales hechos en conocimiento del órgano judicial para que proceda a la adopción de las medidas que considere oportunas.

II.-CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS MEDIDAS DE ALEJAMIENTO

Reconociendo la relevancia de la medida de alejamiento para la eficacia del sistema de protección de la víctima, se establecerán las condiciones para garantizar su cumplimiento.

II.A.-ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA MEDIDA DE ALEJAMIENTO

Cuando el órgano judicial determine el contenido concreto de la prohibición de aproximación a la que se refieren los artículos 57 CP (pena), 105.1 g) CP (medida de seguridad), 83.1,1 ° y 1 ° bis CP (condición para la suspensión de la pena), 93 CP (regla de conducta para el mantenimiento de la libertad condicional), 544 bis LECR (medida cautelar o de protección de la víctima) y 64 LO 1/2004 (medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones") resulta conveniente que establezca un ámbito espacial suficiente para permitir una rápida respuesta policial y evitar incluso la confrontación visual entre la víctima y el imputado. A tal efecto el auto fijará la distancia y la fecha de entrada en vigor y finalización de la medida de alejamiento. Parece aconsejable que la distancia sea al menos de 500 metros.

II.B.- DETENCIÓN DEL RESPONSABLE POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

En caso de incumplimiento doloso por el imputado de la medida de alejamiento se produce un incremento objetivo de la situación de riesgo para la víctima, por lo que se procederá a la inmediata detención del infractor, tanto en los casos del artículo 468 CP, como en los supuestos previstos por los artículos 153.3 CP (lesión, maltrato de obra o amenazas con armas o instrumentos peligrosos quebrantando el alejamiento), 173.2,párrafo 2° CP (delito de violencia habitual quebrantando el alejamiento), 171.4 y 5 CP (delito de amenazas leves quebrantando el alejamiento) y 172.2 CP (delito de coacciones leves quebrantando el alejamiento). Posteriormente, el detenido será puesto a disposición judicial de forma urgente, acompañado del correspondiente atestado. Esta actuación se comunicará al Ministerio Fiscal.

II.C.- COMPARECENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL ALEJAMIENTO

Cuando el detenido sea puesto a disposición del Juzgado competente (Juzgado de Violencia contra la Mujer o Juzgado de Guardia), éste convocará necesariamente la comparecencia regulada en el artículo 505 LECR para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503 o de otra medida cautelar que implique una mayor limitación de la libertad personal del inculpado, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar.

Debe tenerse en cuenta que, cuando exista solicitud de Orden de Protección, el contenido de la audiencia por incumplimiento de la medida de alejamiento se desarrollará en el seno de la audiencia para la adopción de dicha Orden de Protección prevista por el artículo 544 ter LECR (artículo 544 ter.4,2° LECR). Por otra parte, en los supuestos del procedimiento de "juicio rápido por delito" (del Título III del Libro IV LECR), la mencionada audiencia, siempre que sea posible, coincidirá con la audiencia del artículo 798 LECR, haya existido o no solicitud de Orden de Protección (artículos 501.2 ,2° y 544 ter.4,2° LECR).

A esta comparecencia serán citadas las siguientes personas: el imputado, que deberá ser asistido de letrado por él elegido o designado de oficio; el Ministerio Fiscal el resto de partes personadas; cuando se realice en el seno de la audiencia para la Orden de Protección, también será convocada la víctima o su representante legal, así como la persona solicitante de la Orden de Protección si es distinta.

II.D.- POSIBLE ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PROVISIONAL O DE OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Una vez celebrada la comparecencia, y si concurren los requisitos exigidos legalmente en cada caso, el órgano judicial podrá adoptar las siguientes medidas:

Prisión provisional. De conformidad con el contenido del artículo 503.1,3° c) LECR en relación con el último párrafo del artículo 544 bis LECR (según la redacción de ambos preceptos dada por la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre), el incumplimiento de la medida de alejamiento podrá determinar, con carácter general, la adopción de la prisión provisional.

Otras medidas cautelares o de protección de la víctima, incluidas aquéllas contempladas por los artículos 48 CP y 544 bis LECR más gravosas para la libertad de circulación y deambulatoria del imputado (artículo 64 LO 1/2004)

Se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, previa la celebración de la audiencia del artículo 505, para acordar la prisión provisional o la libertad provisional con fianza. Cualquier otra medida cautelar distinta podrá adoptarse por la Autoridad Judicial de oficio o a instancia de parte.

III.- COMUNICACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Se mejorarán las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales competentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el establecimiento de un sistema ágil de intercambio de información que, con la finalidad de permitir la recíproca y urgente comunicación de aquellas incidencias que puedan afectar a la seguridad de la víctima, se fundamentará en las bases que se exponen a continuación:

III.A.- OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Se establecerán los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, contemplado por la Ley 27/2003, de 31 de julio, relativa a la Orden de Protección, y regulado en el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo:

Remisión de los datos por parte de los órganos judiciales a través de los procedimientos telemáticos regulados en el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, y en las disposiciones administrativas que los desarrollen, garantizando, en todo caso, la transmisión rápida y segura de toda la información que los órganos judiciales deben comunicar al Registro Central, asegurando la protección de los datos de carácter personal en los términos exigidos por la legislación vigente.

Agilidad, tanto en relación con la inscripción en el Registro, como en el acceso a su contenido por la Policía Judicial en los términos previstos por el Real Decreto 355/2004.

III.B.-CONEXIÓN TELEMÁTICA ENTRE ÓRGANOS JUDICIALES Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Se estudiará el desarrollo de un sistema telemático de intercambio de documentos entre los órganos judiciales penales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

Se realizará en un entorno plenamente seguro que garantice la confidencialidad de la comunicación.

La conexión entre las redes telemáticas de la Administración de Justicia y las redes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará a través del "Punto Neutro Judicial" establecido en el seno del Consejo General del Poder Judicial. En las conexiones que hayan de tener lugar dentro del ámbito territorial de Comunidad Autónoma, podrá hacerse a través de los puntos de conexión establecidos por cada Administración en sus redes de comunicaciones electrónicas.

Se procederá al desarrollo e implantación de las aplicaciones informáticas que resulten necesarias al efecto, en el marco de unas líneas de actuación generales, coordinados y consensuadas por la Comisión de Seguimiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 230.5,2º LOPJ.

Hasta que se desarrolle el sistema telemático de intercambio documental, se potenciará la utilización de la remisión de la documentación mediante el fax, sin perjuicio de su posterior envío a través de los medios ordinarios.

III.C.- COMUNICACIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD A LOS ÓRGANOS JUDICIALES

Toda denuncia penal en materia de violencia de género o doméstica o solicitud de una medida de protección o de seguridad de las víctimas presentada en las dependencias policiales, deberá ser cursada y remitida sin dilación por cualquier conducto urgente y seguro que pueda establecerse, incluido el telemático, a la Autoridad Judicial competente acompañada del preceptivo atestado policial, tanto si se tramita por el cauce procedimental ordinario o por el especial establecido para los "juicios rápidos", según proceda.

A estos efectos, la policía judicial deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 40 y 47 del Reglamento 5/1995, de 7 de Junio, de los Aspectos Accesorios de las actuaciones judiciales, modificados por el Acuerdo Reglamentario 1/2005 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, referidos, respectivamente, a las funciones que corresponden a los Juzgados de Guardia en sustitución de los Juzgados de Instrucción y los de Violencia contra la Mujer (artículo 40) y los criterios para realizar las citaciones, en los supuestos de juicios rápidos (artículo 47). Anexo II.

Como criterio general, cuando se trate de hechos relacionados con la violencia de género, la policía judicial remitirá los atestados y las solicitudes de orden de protección u otras medidas cautelares de protección y seguridad al Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente -el del domicilio de la víctima- y pondrá a su disposición a los detenidos por tales hechos. También practicará las preceptivas citaciones de las partes ante ese Juzgado.

No obstante, cuando no sea posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente territorialmente en horas de audiencia, el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia del lugar de la detención, a los solos efectos de regularizar su situación personal.

En el mismo caso del párrafo anterior, las solicitudes de orden de protección u otras medidas cautelares se remitirán al Juzgado de guardia del lugar de comisión de los hechos, sin perjuicio de que cuando la solicitud se presente en lugar distinto al de comisión de los hechos, se remita, por razón de su propia urgencia, al Juzgado de guardia del lugar de la solicitud. Se citará a las partes ante el correspondiente Juzgado al objeto de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, simultáneamente, las citará ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente en los supuestos de juicio rápido o falta inmediata, salvo que por razones de distancia geográfica o de otra naturaleza no fuera posible coordinar las citaciones con el juzgado de Violencia sobre la Mujer competente.

Las citaciones a que se refiere el art. 796 LECrim, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, tendrán en cuenta lo previsto en el nuevo art. 47 del Reglamento de Aspectos Accesorios.

Cuando las circunstancias de la investigación hicieran inviable la entrega inmediata del atestado completo a la Autoridad Judicial porque hubiera sido imposible realizar algunas diligencias y, la urgencia del caso -atendida la situación de la víctima- aconsejara la adopción de medidas con carácter urgente, se entregará la denuncia o la Orden de Protección junto con lo instruido hasta ese momento del correspondiente atestado, finalizándose el mismo por medio de las pertinentes diligencias ampliatorias.

La Policía Judicial mantendrá informada, en todo momento, a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las Oficinas de Atención a la Víctima, de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar al contenido o alcance de las medidas de protección adoptadas, especialmente de las señaladas en el epígrafe I.C. apartado 5 de este Protocolo.

III.D.- COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

1.- Resoluciones judiciales

La Autoridad Judicial comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes o, en su caso, a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio, aquellas resoluciones que decreten una orden de protección, medidas cautelares u otras medidas de protección o de seguridad de las víctimas, así como su levantamiento y modificación, dictadas durante la fase de instrucción, intermedia en procesos por delito, así como aquellas que se mantengan en la sentencia, durante la tramitación de los eventuales recursos (artículo 69 Ley Integral).

Por otra parte, se garantizará el cumplimiento efectivo por los órganos judiciales de las obligaciones contenidas en los artículos 5.1,2° y 6.2,2° del Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica: remisión a la Policía Judicial de la nota impresa de condena (pena o medida de seguridad impuesta en sentencia firme) y de las medidas cautelares, órdenes de protección dictadas y medidas de protección y seguridad. A tal efecto, se utilizarán los modelos que figuran como Anexos del Real Decreto 355/2004 y, cuando se encuentre operativo, el sistema telemático de intercambio documental al que se refiere el epígrafe III.B del presente Protocolo. Asimismo, para facilitar la inmediata comunicación a la Policía Judicial de cualquier modificación de las medidas cautelares, de protección y seguridad dictadas, los órganos judiciales también remitirán nota impresa de dichas modificaciones.

2.- Informes

Para facilitar el examen individualizado de la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, el órgano judicial también remitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes copia de los informes obrantes en el proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de la víctima, del imputado o de su núcleo familiar.

En este sentido:

El órgano judicial podrá encomendar al Equipo Forense la elaboración de un informe sobre la concurrencia de indicadores de riesgo atendiendo a los elementos concurrentes en la persona de la víctima, en la persona denunciada, en los hechos objeto de denuncia y en las circunstancias psicosociales del grupo familiar. A los anteriores efectos, las Administraciones con competencias en materia del personal al servicio de la Administración de Justicia procederán a la aprobación de los correspondientes Protocolos.

Asimismo, el órgano judicial valorará la posible emisión de informes en este ámbito por parte los trabajadores sociales y psicólogos que presten sus servicios en las Oficinas de Atención a la Víctima, Equipos Psicosociales y otros organismos que pudieran existir al servicio de la Administración de Justicia.

3.- Otros antecedentes

La Autoridad Judicial también pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad la existencia de otros procesos penales incoados contra el mismo autor, cualquiera que sea la fase procesal en que se encuentren o aunque hayan finalizado por resolución dictada al efecto. También incorporará informaciones obrantes en Registros que se hayan establecido de conformidad con la Instrucción 3/2003, de 9 de abril, del CGPJ sobre normas de reparto penales y registro informático de violencia doméstica.

4.- Otras comunicaciones

La Autoridad Judicial mantendrá informados, en todo momento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Ministerio Fiscal de las incidencias de que tenga conocimiento y que puedan afectar a la seguridad de la víctima.

En todo caso, pondrá en conocimiento de la unidad policial la efectiva notificación al inculpado de la resolución en que se acuerde la orden de protección o la medida de alejamiento

5.- Destino de las comunicaciones

La Autoridad Judicial remitirá las comunicaciones a las que se refieren puntos 1, 2, 3 y 4 del presente epígrafe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes o en su caso a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio.

La Unidad policial que reciba la comunicación dará traslado de ella, sin dilación, a la Unidad correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competente en materia de violencia doméstica (Cuerpo Nacional de Policía – SAM, UPAP--, Guardia Civil -EMUME- Policía Autonómica o Policías Locales). Asimismo, se pondrán en marcha los mecanismos de coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales), establecidos en la legislación vigente y en el protocolo elaborado al efecto.

La unidad policial que haya recibido de la Autoridad Judicial la comunicación de la orden de protección o de la adopción de una medida de alejamiento, así como su levantamiento y modificación, procederá a su inclusión, sin dilación, en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN).

IV.- ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

Cuando corresponda al Ministerio Fiscal acreditar la condición de víctima de violencia de género conforme a lo previsto en los arts. 23, 26 y 27 de la LO 1/2004, se estará a lo dispuesto en la Instrucción 2/2005 de la Fiscalía General del Estado.

Los Fiscales en cumplimiento de la función tuitiva de las víctimas que les viene encomendada por la legislación vigente, y de conformidad con las directrices establecidas en las Instrucciones impartidas por la Fiscalía General del Estado en esta materia, cuidarán de que las víctimas de violencia de género y doméstica sean informadas de sus derechos, de forma clara y accesible, comprendiendo dicha información, además del ofrecimiento de acciones de los arts. 109 y 110 LECrim, la obligación de comunicarles los actos procesales que puedan afectar a su seguridad (arts. 109 y 544 ter .9 LECrim), las medidas previstas en la Ley 35/1995, si fuera aplicable y las medidas contempladas en la LO 1/2004 relativas a su protección y seguridad, así como la existencia del programa de teleasistencia cuando se trate de víctimas de violencia de género.

El Ministerio Fiscal, a través de sus órganos, mantendrá los contactos institucionales precisos con las instancias judiciales, policiales, sanitarias y asistenciales, así como con los colegios de abogados y procuradores, a fin de posibilitar una cooperación eficaz en la respuesta a la violencia de género y doméstica.

El Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer será el encargado a nivel estatal de coordinar y supervisar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer de las diversas Fiscalías en materia de violencia de género y doméstica, proponiendo al Fiscal General del Estado la emisión de las instrucciones que fueran precisas para ello (art. 18 quáter Ley 50/1981 adicionado por LO 1/2004).

En el ámbito territorial de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales las funciones de dirección y coordinación serán asumidas por el Delegado de la Jefatura que sea nombrado al efecto (art. 22.6 Ley 50/1981 según redacción LO 1/2004).

V.- COMUNICACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS

Las Unidades Policiales, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado se comprometen a realizar informes periódicos sobre datos relativos a la repercusión territorial de la violencia de género y doméstica que se comunicarán al Ministerio de Justicia con objeto de evaluar políticas de actuación para la toma de decisiones en materia de Planta Judicial.

Los mencionados informes también serán enviados a las Comunidades Autónomas, en relación con la repercusión de la violencia de género y doméstica en su ámbito territorial, al objeto de planificar, desarrollar y ejecutar políticas en materia de violencia doméstica.

VI.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE ÁMBITO AUTONÓMICO

De conformidad con las líneas de actuación y el marco general fijado por este Protocolo, las Comunidades Autónomas con Polícia Autonómica propia y con competencias en materia de Justicia podrán establecer Protocolos de actuación concretos para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica de su respectivo ámbito territorial.

ANEXO I: CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ATESTADO

1.- MANIFESTACIÓN DE LA VÍCTIMA

Con antelación al inicio de las declaraciones, se informará a la víctima del derecho a solicitar la defensa jurídica especializada, y en su caso gratuita, de forma inmediata o bien a designar un abogado de su elección. Si lo solicita la víctima, se requerirá la presencia de Abogado perteneciente al Servicio de Guardia de 24 horas allí donde exista este recurso y en la forma en la que se preste, permitiéndole en este caso conocer el contenido del atestado.

Asimismo, se le preguntará sobre la existencia de lesiones y, en caso positivo:

a) Si ya ha sido asistida en algún centro sanitario y dispone de parte médico de asistencia, se adjuntará a la denuncia.

b) En otro caso, se le ofrecerá la posibilidad de ser trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica, adjuntando a la denuncia el parte médico que se emita.

c) Si la víctima no desea ser trasladada a un centro sanitario, se reflejará por escrito, mediante diligencia, las lesiones aparentes que puedan apreciarse y se solicitará a la víctima la realización de fotografías de las mismas para unirlas a la denuncia.

También se le preguntará si ha sido asistida en los servicios sociales (servicios sociales municipales, centros de atención a la mujer, oficinas de atención a la víctima) y, en caso afirmativo, se adjuntarán al atestado los informes elaborados por los trabajadores sociales y psicólogos de estos servicios que faciliten la actividad probatoria, si son aportados por la víctima o facilitados por los servicios sociales, dejando constancia expresa de la autorización de la víctima a tal efecto.

Teniendo en cuenta la situación emocional de la víctima, se deberá respetar que ésta se exprese de manera espontánea, sin ser interrumpida en el relato de los hechos, procurando que la declaración sea lo más exhaustiva y detallada posible.

Se le preguntará, en primer lugar, acerca de los datos que permitan realizar gestiones inmediatas tendentes a garantizar su propia seguridad y la de sus hijos y a la detención del agresor, en su caso.

Una vez efectuada la declaración espontánea de la víctima, deberá completarse el atestado con la mayor información posible y, en todo caso, se requerirá de ella la información que se relaciona, sin perjuicio de la posibilidad de formular otras preguntas que se consideren necesarias para completar la investigación.

2.- DATOS DE LA VÍCTIMA Y SU AGRESOR

Filiación de la persona o personas maltratadas.

Domicilio y teléfono de contacto.

Filiación del agresor o agresores.

Domicilio y teléfono/s.

Relación familiar, afectiva o de otro tipo entre la víctima y el agresor.

Tiempo de convivencia.

Profesión y situación laboral del agresor.

Centro de trabajo.

Situación económica del mismo.

Comportamiento del agresor en el cumplimiento de las cargas familiares.

Descripción del temperamento del agresor.

Estado de salud (enfermedades, tratamientos médicos, etc).

Adicciones, toxicomanías, etc del agresor.

Lugares que frecuenta.

Armas que posea (si conoce si su tenencia es legal o ilegal, y si debe portar armas debido a su trabajo).

Vehículo/s que utiliza el agresor.

Fotografía actualizada de la víctima o víctimas.

Fotografía actualizada del presunto agresor.

3.- DATOS DEL GRUPO FAMILIAR

Componentes del grupo familiar, en su caso, especificando si existen hijos, comunes o no, y si conviven con la pareja o no. Datos de identidad y edad de los mismos.

Existencia de procedimientos civiles de separación o divorcio y, en tal caso, juzgado en el que se han tramitado o se están tramitando y medidas que se han adoptado en relación con el uso de la vivienda y la custodia de los hijos, si los hubiera.

Situación laboral de la víctima.

Situación económica de la víctima.

Dependencia económica, en su caso, de la víctima respecto del agresor.

Situación laboral de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes,...).

Situación económica de otras víctimas que convivan con ella (ascendientes, descendientes...).

Situación en que se encuentran los menores que de ella dependan, si los hay.

Lugares que frecuenta la víctima o víctimas (lugares de trabajo, ocio, colegios, etc).

4.- DATOS DE LA VIVIENDA Y PATRIMONIALES

Régimen matrimonial (ganancial, separación de bienes,...), si estuvieran casados.

Tipo de vivienda familiar (propiedad, alquiler, etc.).

Medidas de seguridad con que cuenta la vivienda.

Situación de la vivienda (en comunidad o aislada).

Otras viviendas de su propiedad o del agresor.

Vehículos propiedad de la víctima.

Familiares o amigos que puedan prestarle cualquier tipo de ayuda.

5.- HECHOS

Descripción de los hechos. El relato de los hechos será cronológico, claro y preciso. Se solicitará a la víctima que exponga los hechos con sus propias palabras, sin modificar sus expresiones en atención a la eventual crudeza de las mismas.

Lugar de los hechos.

Fecha o fechas en que se produjeron.

Motivos esgrimidos por el autor.

Tipo de maltrato: físico, psicológico o moral. El maltrato ocasionado debe relatarse con todo tipo de detalles, huyendo de expresiones genéricas y reflejando lo más fielmente posible las palabras utilizadas, los insultos, las amenazas, etc..., así como las acciones que se hayan producido.

Medios utilizados.

Estado de salud de la víctima (enfermedades, tratamientos médicos, etc).

Hechos anteriores similares, aunque no hayan sido denunciados.

Denuncias formuladas por hechos anteriores. Si recuerda cuándo y ante quién.

Si goza del amparo de alguna orden de protección.

Si el maltrato se ha producido en presencia de menores.

Si algún otro miembro de la unidad familiar o conviviente ha sido, igualmente, objeto de malos tratos por el denunciado. En caso positivo, se le informará de la posibilidad de solicitar Orden de Protección para tales víctimas.

Testigos que puedan corroborar los hechos denunciados (familiares, amigos, vecinos, etc).

6.- SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

En todo caso se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar una Orden de Protección u otra medida de protección o seguridad, así como del contenido, tramitación y efectos de las mismas. En caso positivo, se cumplimentará dicha solicitud y se remitirá al Juzgado competente junto con el atestado.

7.- COMPARECENCIA Y MANIFESTACIÓN DEL DENUNCIADO

Se reseñará su filiación completa.

La toma de manifestación del denunciado deberá ir dirigida a un conocimiento exhaustivo de los hechos y a facilitar la investigación policial, así como la resolución que haya de adoptar la Autoridad Judicial

Las contestaciones proporcionadas por la víctima han de ser contrastadas con la formulación de otras tantas preguntas al denunciado que permitan esclarecer los hechos objeto de la investigación.

8.- MANIFESTACIÓN DE LOS TESTIGOS

Se reseñará su filiación completa.

Después de la identificación y constancia en el cuerpo del atestado de cada uno de ellos, se procederá a la formulación de aquellas preguntas tendentes al esclarecimiento de los hechos y confirmación de las declaraciones formuladas por la víctima y el presunto agresor. Y en todo caso, al menos las siguientes:

Si fue testigo ocular o de referencia.

Descripción de los hechos por él conocidos.

Conocimiento de otros supuestos similares ocurridos con anterioridad.

Si en algún momento con anterioridad hubo de prestar ayuda a la víctima.

Comportamiento habitual de víctima y agresor en la comunidad donde residan, si el testigo reside en ella.

Relación con la víctima y el agresor.

9.- DECLARACIÓN DE LOS AGENTES POLICIALES QUE HAYAN INTERVENIDO EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA

Resulta imprescindible que se consignen las declaraciones detalladas e individualizadas de cada agente policial que haya intervenido en auxilio de la víctima con indicación de las diligencias y actuaciones realizadas por cada policía interviniente.

Cuando el atestado policial se inicie como consecuencia de que la víctima va acompañada de los agentes policiales que han intervenido a su requerimiento o de un tercero, esta diligencia de declaración deberá figurar al comienzo del atestado

10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA

El atestado debe recoger, igualmente, las diligencias que sean necesarias para reflejar las actuaciones que hayan practicado la Policía Judicial y la Policía Científica para la averiguación y comprobación de los hechos denunciados.

En estas diligencias se recogerán los resultados de la inspección ocular técnico-policial y se reseñarán todos aquellos medios de prueba que conduzcan al esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea posible mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes.

Como parte integrante de estas diligencias, se deberá elaborar un informe vecinal para hacer constar cuantos datos puedan ser de utilidad, como antecedentes de los hechos ocurridos. En concreto, sobre la conducta que abarque las relaciones entre agresor y víctima, noticias sobre agresiones anteriores y conceptuación pública de pareja en la sociedad, citando las fuentes (no es necesaria su identificación personal).

11.- DILIGENCIA DE DETENCIÓN E INFORMACIÓN DE DERECHOS

Cuando se haya procedido a la detención del denunciado, presunto agresor, bien como consecuencia de la existencia de indicios racionales de que el mismo resulte autor de un hecho delictivo, bien por el quebrantamiento de una medida judicial de alejamiento o bien porque dadas las circunstancias que concurren en los hechos se deduzca la existencia de grave riesgo para la víctima, se extenderá diligencia de detención e información de derechos.

12.- DILIGENCIA DE INCAUTACIÓN DE ARMAS

Se extenderá esta diligencia cuando se haya procedido a la incautación de las que pudiera estar en posesión el presunto agresor para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, se dará cuenta a la Autoridad gubernativa por si hubiere lugar a la revocación de la autorización administrativa al amparo del Reglamento de Armas. Asimismo, en el caso en que el presunto agresor deba portar armas debido a su puesto de trabajo, bien por pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien por desarrollar su labor en el ámbito de la Seguridad Privada, se informará al superior jerárquico de aquel, de los hechos en los que se ha visto implicado.

13.- DILIGENCIAS DE APORTACIÓN DE ANTECEDENTES REFERIDOS AL PRESUNTO AGRESOR

En esta diligencia se hará constar todos los antecedentes que consten en las bases de datos policiales, y de manera especial se reseñarán siempre todas aquellas que se refieran a la violencia de género.

Igualmente, se reseñará la información disponible grabada en el Registro Central de Violencia Doméstica del Ministerio de Justicia, relativa al agresor y la víctima con especial referencia a los antecedentes penales y a las medidas que se hayan podido adoptar con anterioridad como consecuencia de una orden de protección o resolución judicial de alejamiento

14.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DE LOS INFORMES MÉDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES

Cuando la víctima hubiera recibido atención médica, se acompañará al atestado el parte facultativo emitido al respecto.

Cuando los servicios sociales, centros de atención a la mujer, oficinas de atención a la víctima u otras unidades administrativas que hayan asumido las funciones de atención psicológica y social hubiesen realizado entrevistas, exploraciones y evaluaciones, en relación con la víctima y el entorno social, se remitirán los informes sociales o psicológicos que sean aportados por la víctima o facilitados por dichos servicios.

15.- DILIGENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Esta diligencia se extenderá para informar a la Autoridad judicial de las medidas policiales adoptadas de manera cautelar para proteger a la víctima, cuando exista riesgo para ella, hasta tanto se dicte por aquélla la correspondiente resolución

En el caso de que la víctima cambie de domicilio, se elaborará una diligencia reservada con destino a la Autoridad Judicial en la que conste los datos de éste último

16.- DILIGENCIA DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Cuando exista especial peligrosidad para la víctima, teniendo en cuenta los datos relevantes que consten en el atestado, el Instructor podrá hacerlo constar expresamente mediante diligencia complementaria al mismo.

17.- DILIGENCIA DE REMISIÓN DEL ATESTADO AL ÓRGANO JUDICIAL

18.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. Parte facultativo de las lesiones de la víctima y/o fotografías de las mismas.

2. Solicitud de la orden de protección.

3. Diligencia de detención e información de derechos (si la hubiera).

4. Informes de los servicios sociales, centros de atención a la mujer u oficinas de atención a la víctima, si hubieran sido aportados por ella o por los referidos centros o servicios.

5. Cualquier otra diligencia que no conste en el cuerpo del atestado.

ANEXO II: ACUERDO REGLAMENTARIO 1/2005, DE 27 DE ABRIL, DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO 5/1995, DE 7 DE JUNIO, DE LOS ASPECTOS ACCESORIOS DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES (B.O.E. núm. 109 de 7 de mayo de 2005)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuya disposición final cuarta habilita al CGPJ para, en el plazo de seis meses, dictar los reglamentos necesarios para la ordenación de los señalamientos, adecuación de los servicios de guardia a la existencia de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la coordinación de la Policía Judicial con los referidos Juzgados, obliga abordar de manera urgente la modificación de los preceptos del vigente Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales que regulan el servicio de guardia y, concretamente, las funciones y actuaciones que son objeto de dicho servicio, así como la coordinación entre los Juzgados y la Policía Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley, se incluye y regula como objeto del servicio de guardia, además de cualquier actuación de carácter urgente e inaplazable atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de la regularización de la situación personal de los detenidos por delitos cuyo conocimiento corresponda a dichos Juzgados, la resolución de las solicitudes de adopción de las órdenes de protección de las víctimas de dichos delitos.

A fin de facilitar el cumplimiento de las previsiones de coordinación contenidas en el artículo 54 de la Ley, se hace preciso modificar el artículo 47 de Reglamento para adaptarlo a las necesidades derivadas de las mencionadas previsiones legales.

En su virtud, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 110.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y previo el trámite de audiencia previsto en el artículo 110.3 de la misma Ley Orgánica, ha adoptado, en su reunión del día 27 de abril de 2005, el siguiente Acuerdo:

Artículo 1

Artículo 1.

Se modifican los artículos 40 Y 47 del Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, que quedan redactados como sigue:

Artículo 40.

"1. Constituye el objeto del servicio de guardia la recepción e incoación, en su caso, de los procesos correspondientes a los atestados, denuncias y querellas que se presenten durante el tiempo de guardia, la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, entre ellas las medidas cautelares de protección a la víctima, la adopción de las resoluciones oportunas acerca de la situación personal de quienes sean conducidos como detenidos a presencia judicial, la celebración de los juicios inmediatos de faltas previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la tramitación de diligencias urgentes y de otras actuaciones que el Titulo III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al Juez de guardia. Y, asimismo, la práctica de cualesquiera otras actuaciones de carácter urgente o inaplazable de entre las que la Ley atribuye a los Juzgados de Instrucción y a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Todas estas actuaciones se entenderán urgentes a los efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. En cada circunscripción judicial, las normas generales de reparto determinarán el órgano judicial a que en definitiva habrá de corresponder el conocimiento de los asuntos que ingresen a través del servicio de guardia y podrán asignar al Juzgado que en cada momento desempeñe tales cometidos el trámite y resolución de determinadas categorías de procedimientos de los que integran la competencia de los Juzgados de Instrucción.

3. Igualmente constituirá objeto del servicio de guardia la adopción de medidas cautelares respecto de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, o la práctica de diligencias restrictivas de los derechos fundamentales de dichas personas, cuando su necesidad se suscite fuera de las horas de audiencia del correspondiente Juzgado de Menores, siempre que en la demarcación de dicho Juzgado de Menores no exista un servicio de guardia propio de esta clase de órganos jurisdiccionales. A estos efectos el Juez de Instrucción que atienda el servicio de guardia actuará en sustitución del correspondiente Juez de Menores. Adoptada la decisión que proceda, el Juez de Instrucción en funciones de guardia remitirá lo actuado al órgano competente y pondrá a su disposición, en su caso, al menor de que se trate.

4. También será objeto del servicio de guardia la regularización de la situación personal de quienes sean detenidos por su presunta participación en delitos cuya instrucción sea competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la resolución de las solicitudes de adopción de las órdenes de protección de las víctimas de los mismos, siempre que dichas solicitudes se presenten y los detenidos sean puestos a disposición judicial fuera de las horas de audiencia de dichos Juzgados. A estos efectos, el Juez de Instrucción que atienda el servicio de guardia actuará en sustitución del correspondiente Juez de Violencia sobre la Mujer. Adoptada la decisión que proceda, el Juez de Instrucción en funciones de guardia remitirá lo actuado al órgano competente y pondrá a su disposición, en su caso, al imputado.

5. El Juez que en cada circunscripción judicial desempeñe el servicio de guardia conocerá también, en idéntico cometido de sustitución, de aquellas actuaciones urgentes que el artículo 70 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye a los Jueces Decanos, así como las de igual naturaleza propias de la oficina del Registro Civil y las que asigna a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo el segundo párrafo del apartado quinto del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, siempre y cuando las mismas sean inaplazables y se susciten fuera de las horas de audiencia del órgano a que estuvieren encomendados tales cometidos. Realizada que sea la intervención procedente, se trasladará lo actuado al órgano competente o a la oficina de reparto, en su caso.

6. En aquellos partidos judiciales en que exista separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción y el volumen de trabajo lo requiera, la Sala de Gobierno correspondiente, oída la Junta de Jueces, podrá proponer al Consejo General del Poder Judicial el establecimiento de un servicio especial para atender a las actuaciones de carácter inaplazable que dentro de la jurisdicción civil o en el ámbito del Registro Civil, se susciten en días y horas inhábiles.

7. Del mismo modo, las Juntas de Jueces podrán encomendar al Juzgado en funciones de guardia la atención de aquellos servicios comunes de carácter gubernativo que exijan una prestación continuada."

Artículo 47.

1. De la coordinación entre los Juzgados de guardia, Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Policía Judicial en la realización de citaciones. A los efectos de lo establecido en los artículos 796, 799 bis y 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asignación de espacios temporales para aquellas citaciones que la Policía Judicial realice ante los Juzgados de guardia y Juzgados de Violencia sobre la Mujer se realizará a través de una Agenda Programada de Citaciones (APC), que detallará franjas horarias disponibles en dichos Juzgados para esta finalidad. Tratándose de Juzgados de Violencia sobre la Mujer las franjas horarias que se reserven comprenderán únicamente los días laborables y las horas de audiencia; las citaciones se señalarán para el día hábil más próximo, y si éste no tuviere horas disponibles, el señalamiento se hará para el siguiente día hábil más próximo.

Las asignaciones de hora para citaciones deben tener en cuenta los siguientes criterios:

I. Si hubiera más de un servicio de guardia o más de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la circunscripción para instrucción de Diligencias Urgentes, las citaciones se realizarán al servicio de guardia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer que corresponda con arreglo a las normas de reparto existentes, así como a los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial.

II. Tendrán preferencia en la asignación de espacios horarios preestablecidos los testigos extranjeros y nacionales desplazados temporalmente fuera de su localidad, a los efectos de facilitar la práctica de prueba preconstituida, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. De la coordinación de señalamientos para juicios orales entre Juzgados de guardia, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Fiscalías de las Audiencias Provinciales.

A los efectos previstos en el artículo 800.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Juzgados de Instrucción en servicio de guardia ordinaria y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer realizarán directamente los señalamientos para la celebración del juicio oral en las causas seguidas como procedimiento de enjuiciamiento rápido, siempre que no hayan de dictar sentencia de conformidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Juzgado de Instrucción en servicio de guardia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, haya de resolver sobre la situación personal del detenido por hechos cuyo conocimiento corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, citará a éste para comparecencia ante dicho Juzgado en la misma fecha para la que hayan sido citados por la Policía Judicial la persona denunciante y los testigos, en caso de que se decrete su libertad. En el supuesto de que el detenido sea constituido en prisión, junto con el mandamiento correspondiente, se librará la orden de traslado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer en la fecha indicada.

Las asignaciones de fecha y hora para celebración de los juicios orales en las causas seguidas como procedimiento de enjuiciamiento rápido se realizarán con arreglo a una Agenda Programada de Señalamientos.

A este fin, se establecerá un turno de señalamientos entre los Juzgados de lo Penal con la periodicidad que la Junta de Jueces determine, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y comunicado al Consejo General del Poder Judicial.

A falta de tal acuerdo regirán de forma supletoria las siguientes normas:

a.- En aquellas demarcaciones con más de cinco Juzgados de lo Penal, se establecerá un turno diario de lunes a viernes en el que uno o dos Juzgados de lo Penal reservarán íntegramente su Agenda para que los Juzgados de guardia de la demarcación territorial realicen directamente el señalamiento de los juicios orales en estas causas. De acuerdo con el artículo 800.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el señalamiento por los Juzgados de guardia deberá realizarse en la fecha más próxima posible a partir del vencimiento del plazo de presentación del escrito de defensa, si éste no se hubiere presentado en el acto o de forma oral. El máximo número de señalamientos por estos procedimientos será de quince, y consecuentemente, en el momento en que se cubra este cupo el señalamiento deberá realizarse para el siguiente día de turno disponible.

b.- En aquellas demarcaciones con más de un Juzgado de lo Penal y menos de seis se establecerá un turno semanal de señalamientos en el que uno de los Juzgados de lo Penal reservarán su Agenda de lunes a viernes para que los Juzgados de guardia de la demarcación territorial realicen directamente el señalamiento de los juicios orales del nuevo procedimiento de enjuiciamiento urgente. Dentro de este turno semanal, los señalamientos se realizarán para el primer día hábil de la semana, hasta un límite de quince señalamientos, procediéndose entonces al señalamiento para el siguiente día hábil de la semana, y así sucesivamente.

c.- En aquellas demarcaciones con un único Juzgado de lo Penal, éste reservará en su Agenda uno o dos días a la semana, entre el lunes y el viernes, para que los Juzgados de guardia realicen directamente el señalamiento de los juicios orales del nuevo procedimiento de enjuiciamiento urgente.

3. De las normas de reparto relativas a los juicios de faltas y la coordinación para el señalamiento de estos entre Juzgados de Instrucción.

En aquellos partidos judiciales con más de un Juzgado de Instrucción, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, a propuesta de las Juntas de Jueces, adaptarán las normas de reparto de estos Juzgados con la finalidad de atribuir al Juzgado de guardia la competencia para el conocimiento de todas las faltas cuyo atestado o denuncia haya ingresado durante el servicio de guardia ordinaria.

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 965.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Juzgados de Instrucción en servicio de guardia ordinaria deban realizar directamente los señalamientos para la celebración de juicio de faltas ante otros Juzgados de Instrucción del mismo partido judicial, por no corresponderles su enjuiciamiento, dicho señalamiento se realizará para días laborables y horas de audiencia, en la fecha más próxima posible dentro de las predeterminadas por los Juzgados de Instrucción.

4. De los protocolos de colaboración.

A los efectos de asegurar la efectividad de lo dispuesto en el Capítulo siguiente se establecerán protocolos de colaboración en el ámbito provincial en el seno de las Comisiones Provinciales de Policía Judicial. Asimismo, en el ámbito de los respectivos partidos judiciales, se podrán establecer protocolos de colaboración específicos entre Policía Judicial, Fiscalía y las respectivas Juntas de Jueces, representadas por el Juez Decano, posibilitando la incorporación a estos ámbitos de colaboración de los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas. Por último podrán establecerse protocolos en el ámbito de una Comunidad Autónoma, pudiéndose constituir Órganos que conformen igual representación.

Las Comisiones Provinciales de Policía Judicial serán oídas previamente al establecimiento de los criterios de señalamiento de vistas por la correspondiente Sala de Gobierno, e informarán a ésta de las incidencias y desajustes que se produjeran entre los señalamientos por los órganos judiciales del territorio y los criterios establecidos por la Sala de Gobierno.

5. De la Comisión Mixta de Juicios Rápidos.

En el ámbito de cada Comunidad Autónoma se constituirá una Comisión Mixta para el seguimiento de los Juicios Rápidos, integrada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en representación de la Sala de Gobierno, por un representante del Ministerio de Justicia y de la Comunidad Autónoma, un representante de la Fiscalía, un representante de los Colegios de Abogados y un representante de los Colegios de Procuradores.

Esta Comisión recabará y analizará los datos que le proporcionen los órganos judiciales sobre el número de procedimientos tramitados y celebrados como juicios rápidos, plazos de celebración, número de suspensiones y sus causas, e informará periódicamente al Consejo General del Poder Judicial a los efectos de lo previsto en el artículo 46.1.

6. De las medidas gubernativas complementarias.

Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces en el ejercicio de sus normales atribuciones gubernativas y con sujeción a los términos del presente Reglamento, podrán aprobar las normas complementarias que en materia de distribución de asuntos, régimen interno, cuadro de sustituciones u otras cuestiones de su competencia, estimen procedentes.

Artículo 2

Se dispone igualmente la publicación en el Boletín Oficial del Estado del cuadro actualizado de los Reglamentos vigentes, con las nuevas normas aprobadas o la modificación de las anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo de 7 de junio de 1995, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, unido como Anexo I al presente acuerdo.

Disposición final

El presente Acuerdo reglamentario entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


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