Atención, ábrese nunha nova fiestra. PDFImprimirCorreo-e

PLAN NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. MARCO CONCEPTUAL Y EJES DE INTERVENCIÓN

PLAN NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. MARCO CONCEPTUAL Y EJES DE INTERVENCIÓN


ÍNDICE

I. PLAN NACIONAL

I.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN MODELO DE INTERVENCIÓN

I.2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLAN

1) Objetivos estratégicos

2) Ejes prioritarios de actuación

3) Agentes responsables de su aplicación

4) Duración, seguimiento y evaluación

5) Memoria económica

II. EJES Y MEDIDAS

II.1. OBJETIVO

A. Justicia

B. Seguridad

C. Salud

D. Servicios Sociales

E. Información

II.2. OBJETIVO 2

F. Educación

G. Comunicación

II.3. EJES TRANSVERSALES

H. Investigación y estudio

I. Formación de profesionales

J. Movilización de actores

K. Coordinación de actores

L. Seguimiento y evaluación

II.4. CUADRO RESUMEN DE EJES Y MEDIDAS

I.PLAN NACIONAL

I.1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN MÓDELO DE INTERVENCIÓN

1. Después de más de cinco lustros de Constitución y, en consecuencia, de la proclamación de la igualdad entre hombres y mujeres como valor superior, derecho fundamental y principio general, de la consagración del derecho a la no discriminación por razón de sexo, así como del mandato dirigido a los poderes públicos para que remuevan los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real y efectiva, la realidad social nos demuestra que a las mujeres, la mitad de la ciudadanía, les queda todavía un largo camino que recorrer para situarse en posición de igualdad en relación con los hombres en cuanto al disfrute de los derechos que les corresponden como ciudadanas.

Los obstáculos ante los que se enfrentan las mujeres para avanzar en esa igualdad real y efectiva están directamente relacionados con roles establecidos por determinados estereotipos, que las sitúan en una posición de inferioridad, sumisión o supeditación a los varones. La resistencia social al cambio de esos roles agrava las dificultades para que los derechos fundamentales jurídicamente reconocidos sean ejercidos en igualdad de condiciones por hombres y mujeres. Y son estos patrones de conducta socioculturales –la persistencia social en la adjudicación de roles diferenciados en función del sexo, basados en un modelo de sociedad que fomenta y tolera normas, valores y principios que perpetúan la posición de inferioridad de las mujeres- los que, a su vez, alimentan la raíz última de la violencia de género.

La violencia de género es, pues, la manifestación extrema de la desigualdad, la evidencia de un déficit democrático y uno de los síntomas de la incompleta ciudadanía de las mujeres. Y es además en el ámbito de las relaciones de pareja donde esta ciudadanía incompleta tiene su máxima plasmación. En este espacio, la magnitud del fenómeno violento cuestiona día a día los derechos fundamentales de ciudadanía de muchas mujeres -derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, a su salud, a su dignidad y libertad-, que constituyen los valores inviolables de la persona sobre los que se fundamenta nuestro orden democrático. Es, pues, obligación del Gobierno y del conjunto de los poderes autonómicos y locales garantizar el total disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres, asegurando el pleno ejercicio de su condición de ciudadanas.

Siendo éste el escenario, el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral). El fin último de esta Ley es erradicar progresivamente la violencia de género, que como reza el párrafo primero del apartado I de su Exposición de Motivos "se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad".

Con esta finalidad, la Ley Integral mandata la elaboración de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género "que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de

convivencia, todo ello desde la perspectiva de género", el Plan, además, deberá dirigirse "tanto a hombres como a mujeres desde un trabajo comunitario e intercultural" Precisamente al hablar de perspectiva de género, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención pretende revocar la división de espacios y responsabilidades desde los que actúan hombres y mujeres.

La Ley Integral parte de la existencia de un modelo de relación entre hombres y mujeres que, forjado desde un sistema patriarcal de interacción entre los sexos, debe ser cuestionado para dar paso a otro paradigma de identidad y de relación que se adecue de forma más precisa a nuestro sistema de convivencia democrática y venga a corresponderse con el orden de los derechos humanos.

Los paradigmas que han de cuestionarse para hacer visibles las dimensiones de la violencia contra las mujeres son aquellos que legitiman la situación de desigualdad, la subordinación o la inexistencia simbólica de las mujeres –violencia cultural-. Así, se ha de producir un cambio en la mentalidad y en los supuestos patriarcales que sustentan el mantenimiento de esta violencia, lo que exige conquistar una nueva lógica que presida los modelos de relación y valoración de identidades que vengan a terminar con los estereotipos sobre que es "ser hombre" y lo que significa "ser mujer". Sólo así es posible entrar en una lógica común a ambos sexos que sustituya el actual predominio de una lógica androcéntrica.

2. De otro lado, dada la estructura territorial del Estado que reconoce el Titulo VIII de nuestra Constitución, la puesta en marcha del Plan Nacional exige del concurso coordinado de los distintos entes territoriales. El consenso necesario en esta materia implica, pues, que el Gobierno, en colaboración con el resto de Administraciones, establezca las líneas básicas o estratégicas y que cada Administración las desarrolle a partir de sus competencias.

En este sentido, se diseña un Plan Nacional de actuaciones en el cual todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género comparten conceptos y directrices básicas con las que orientar su labor. La asunción de dicho Plan, en consecuencia, implica un marco común de actuación en materia de sensibilización y prevención de este tipo de violencia y recoge el compromiso del conjunto de las administraciones públicas que operan en esta materia.

De este modo, las actuaciones de las distintas administraciones públicas, en su aplicación y desarrollo, deberán coadyuvar a hacer realidad las líneas sobre las que pivota el Plan, a través de medidas y recursos concretos que permitan alcanzar la plenitud del derecho de ciudadanía de las mujeres y mejorar la respuesta frente a la violencia de género, los dos objetivos estratégicos perseguidos.

I. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PLAN NACIONAL

1. Objetivos estratégicos

El Plan Nacional cuenta con dos objetivos estratégicos:

A. MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación con este primer objetivo, el Plan Nacional debe contribuir a que el fenómeno de la violencia de género evolucione en un sentido descendente, lo que debe conseguirse a través de una mejora en los mecanismos de respuesta y de actuación frente a este fenómeno violento. Por ello, en un primer periodo, y bajo el parámetro de la prevención terciaria, se pondrán en marcha aquellas medidas que redunden en la garantía del ejercicio efectivo por parte de las mujeres de los derechos que la Ley Integral les reconoce, mejorando la información, la accesibilidad y la eficacia de los servicios y programas de intervención y contribuyendo, especialmente, a evitar las situaciones de mayor riesgo. Con relación a este último punto, se actuará sobre aquellos grupos de personas que presenten un mayor riesgo, como son mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia y hombres agresores o potencialmente agresores, para evitar tanto la reincidencia como la propia materialización del acto violento.

B. CONSEGUIR UN CAMBIO EN EL MODELO DE RELACIÓN SOCIAL

Este segundo objetivo, emplazado en el largo plazo, exige sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de un "cambio en el modelo de relación social" entre hombres y mujeres, fundamentalmente en el ámbito afectivo, para avanzar en la consolidación del derecho de ciudadanía de las mujeres. En un primer momento, este objetivo deberá contribuir a generar una nueva actitud frente a la violencia de género.

Bajo esta rúbrica general de "cambio en el modelo de relación social" es conveniente destacar el significado y la relación de tres nociones fundamentales: ciudadanía, autonomía y empoderamiento, de tal forma, que la merma en cualquiera de ellas implica el déficit de las otras. A su vez, su comprensión tiene una extraordinaria importancia para combatir eficazmente la violencia de género:

CIUDADANÍA. La violencia de género requiere, para poder perpetuarse, de la progresiva merma de la dignidad de una persona. La dignidad se pierde cuando una persona es tratada como un instrumento sometido a la voluntad de otro sujeto. Por ello, la dignidad es uno de los primeros derechos desde la constitución del estado moderno. Con la proclamación de la dignidad del individuo se quiebran las relaciones de vasallaje, dando paso al disfrute de la libertad y al ejercicio de la individualidad. Nadie pertenece a nadie. La dignidad ligada a la igualdad de trato impugna las relaciones de poder que pudieran darse entre hombres y mujeres, especialmente dentro del marco de una relación sentimental. Dicha relación de poder, de dominación y de subordinación constituye la máxima vulneración del respeto que debe presidir todas las relaciones privadas en una sociedad democrática.

AUTONOMÍA. La interiorización del rol impuesto ejerce una doble violencia, pues expresa la asignación de una identidad regida por esquemas que constriñen la libertad y las opciones vitales, y que niega toda referencia identitaria. En la violencia de género queda patente esta doble agresión ante el comportamiento reactivo de la víctima, que tiende a sentirse culpable de la agresión al considerar que seguramente no ha respondido de forma adecuada a sus obligaciones socialmente delimitadas, que se reducen a las familiares. Este incumplimiento, que justifica el continuo poder de corrección al que se ve sometida –y, en consecuencia, actúa a modo de "inmunidad" para el agresor- merma la autoestima de la mujer, que no actúa como una persona libre, sino en atención a un rol impuesto. Mujeres y hombres en una relación de violencia de género adolecen de autonomía, no se conciben fuera de esa relación y no dejan de repetir las mismas tentativas de cambio (agresión/reconciliación). Por ello, y en paralelo, se debe reflexionar además sobre la necesidad de replantear el binomio masculinidad y autonomía, impugnando activamente el modelo dominio-sumisión y promoviendo la relación ente los sexos como relación entre iguales, lo cual supone una liberación también para el hombre de su carga identitaria en torno a "lo masculino".

EMPODERAMIENTO. Situar en igual valor el papel social desarrollado por hombres y por mujeres, evitando que el rol tradicionalmente asignado actúe como lastre que merma el reconocimiento y la importancia de la aportación que las mujeres realizan en la esfera privada y pueden realizar en la vida social y política. El inferior valor otorgado al rol desempeñado por la mujer y el hombre, primando el rol de este último sobre el de aquélla, es causa de la situación de desigualdad de la mujer y de su dependencia social y económica. Así pues, el empoderamiento supone reconocer a la mujer como miembro de pleno derecho de la comunidad, con acceso al poder y a la toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida pública y privada. Asimismo, el empoderamiento de las mujeres debe acompañarse de una revisión del concepto de masculinidad basada en la renuncia por parte de los hombres del poder, entendido como supremacía o capacidad de imponer o mandar. Es preciso apoyar nuevas formas de poder basadas en la capacidad de liderar, organizar y coordinar desde esquemas políticos y relacionales no androcéntricos.

En las situaciones de violencia de género, la representación que las mujeres tengan tanto en la esfera privada como en el ámbito público puede actuar como un antídoto frente a esta violencia.

En definitiva, este segundo objetivo estratégico se resume en ampliar los márgenes del derecho de ciudadanía de las mujeres desde una doble vertiente: por lo que se refiere al ámbito privado mejorando sus cotas de autonomía, y desde la óptica pública, reforzando su empoderamiento.

La consecución de los dos objetivos estratégicos mencionados implicará una atención especial a aquellos colectivos de mujeres que presentan una mayor vulnerabilidad: mujeres con discapacidad, mujeres del mundo rural, mujeres inmigrantes, mujeres pertenecientes a etnias minoritarias. Estas situaciones colocan a estas mujeres en una situación de doble discriminación lo que exige un esfuerzo adicional en la remoción de los obstáculos sociales y culturales que impiden el ejercicio real y efectivo de su estatuto de ciudadanía y repercuten en su calidad de vida.

A su vez, este esfuerzo también implicará un trabajo con hombres y mujeres, pues tanto los unos como las otras continúan anclados en papeles sociales estereotipados que se refuerzan entre sí y desde los que se construye la identificación de masculinidad y feminidad.

2. Ejes prioritarios de actuación

Para convertir al Plan Nacional de Prevención y Sensibilización en una verdadera herramienta de intervención, se han identificado una serie de Ejes prioritarios de actuación. Los Ejes, a su vez, son de dos tipos: temáticos, aquéllos que definen ámbitos de actuación, y transversales, que son los que contemplan intervenciones horizontales comunes al conjunto del Plan.

Los Ejes temáticos son siete:

A. JUSTICIA. La Justicia es el último recurso de la ciudadanía para ver restaurados los derechos; el propio sistema judicial ejerce una función de prevención general que, a partir del mandato que el artículo 9.2 de la Constitución hace a todos los poderes públicos, debe abarcar todos aquellos ilícitos en los que se sostiene la desigualdad entre hombres y mujeres. La formación en igualdad de los operadores jurídicos es, pues, una necesidad para conseguir que la igualdad sea real, dispositivo efectivo para neutralizar la violencia de género.

B. SEGURIDAD. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son, en muchas ocasiones, los primeros profesionales en entrar en contacto con episodios de violencia de género, y su participación resulta crucial a la hora de poner en marcha mecanismos de seguimiento y prevención para evitar que este hecho se produzca. Por estos motivos, resulta vital desarrollar un trabajo específicamente orientado a la seguridad y la mejora de las garantías de asistencia y protección a las víctimas y las potenciales víctimas de la violencia.

C. SALUD. La violencia ejercida contra las mujeres constituye en primera instancia un atentado contra su salud física y psicológica; de este modo, los actores relacionados con este ámbito cobran un protagonismo muy relevante tanto en la detección del fenómeno como en la atención a las víctimas.

D. SERVICIOS SOCIALES. A través de los servicios sociales se garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores el derecho a la asistencia integral. Por ello, debe contarse con una formación especializada que permita una intervención profesional adecuada

E. INFORMACIÓN. Hay que trabajar por sensibilizar, visualizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como un problema público que atenta contra nuestro sistema de valores, especialmente a la juventud y a los colectivos vulnerables, de forma que se utilicen los medios más adecuados para ofrecer información accesible a cada grupo de población.

F. EDUCACIÓN. Es fundamental educar en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, desde la infancia y hasta la educación de personas adultas, implicando a padres y madres y al conjunto de la comunidad educativa y, en particular, a los órganos directivos de los centros de enseñanza. Constituye, a su vez, una tarea primordial dotar de los instrumentos que permitan la detección precoz de la violencia de género que se produzca en la familia del alumnado y en el seno del entorno escolar.

G. COMUNICACIÓN. Los y las profesionales de las agencias de comunicación y publicidad desempeñan un papel fundamental en la transmisión de valores y principios que, en lugar de fomentar la existencia de estereotipos discriminatorios, ayuden de forma efectiva a combatir el fenómeno de la violencia contra las mujeres.

Los Ejes transversales, por su parte, son cinco:

H. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO. En este marco, resulta imprescindible favorecer la interdisciplinariedad de las líneas de exploración para conocer las diferentes dimensiones y manifestaciones del fenómeno violento, así como su evolución, de tal forma que se amplíen y enriquezcan los resultados obtenidos y se avance en el desarrollo de nuevas actuaciones enfocadas a la detección precoz del problema y a su solución.

I. FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES. Es igualmente importante garantizar que los y las profesionales que atienden este fenómeno violento dispongan de una formación que les permita la prevención, la detección precoz, la asistencia y la atención de las víctimas y la rehabilitación del agresor.

J. MOVILIZACIÓN DE ACTORES. Se trata de fomentar la movilización de la sociedad en general y, en concreto, de determinados actores como ONG, asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales y patronales, empresas, trabajadoras y trabajadores y otras redes nacionales e internacionales, pues la violencia de género es un problema social que exige que así sea entendido y asumido por el conjunto de la sociedad, la cual debe posicionarse frente a esta violencia.

K. COORDINACIÓN. Promover la coordinación y la colaboración de los distintos actores implicados en el objetivo de erradicación de la violencia de género, interinstitucional y también intrainstitucional, en términos de cooperación activa y corresponsabilidad en las actuaciones.

L. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El Plan Nacional debe estar sometido a un seguimiento y evaluación continua para velar por su cumplimiento y valorar cómo se va adecuando a la realidad del fenómeno violento a combatir. Este seguimiento debe posibilitar la redefinición de actuaciones concretas, reforzar las que ofrecen buen resultado y la elaboración de nuevas líneas de actuación prioritaria. La Comisión de Seguimiento del Plan establecida en la Ley Integral será la encargada de evaluar de forma continua el cumplimiento de los objetivos y de las acciones realizadas. El Observatorio Estatal también contribuirá al desarrollo de este eje.

3. Agentes responsables de su aplicación

Dentro de estos ejes se establecen una serie de medidas específicas de intervención que guiarán la actuación de los actores que intervienen en este fenómeno. Estos agentes son básicamente de tres tipos: poderes públicos, entidades sociales y personas expertas. Dentro del primer grupo habría que destacar el importante papel que deben desempeñar los Organismos de Igualdad en el impulso, desarrollo y seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan Nacional dado su carácter transversal y como garantía de la incorporación de la perspectiva de género en su implementación. Asimismo, las Entidades Locales, por su proximidad con la ciudadanía, son agentes fundamentales en la ejecución de este Plan.

Cada uno de estos actores deberá tener en cuenta en su actuación, al menos, los siguientes principios:

PODERES PÚBLICOS

Liderar y promover cambios de actitudes que avancen hacía la igualdad en todos los ámbitos de su competencia.

Movilizar las redes sociales para que contribuyan a la sensibilización general de la sociedad sobre el problema público que constituye la violencia de género: un atentado contra los valores de convivencia democrática y una vulneración de los derechos humanos.

Cambiar métodos y lenguajes para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos.

Erradicar las justificaciones sobre el maltrato (celos, inseguridad, estrés) que no se activan ante otro tipo de violencias, eliminando grados de tolerancia ante la violencia de género.

Promover un nuevo pacto social para compartir todas las esferas de la vida, lo que conducirá a que, como seres humanos en igualdad de derechos, se valore lo que cada cual aporta a la sociedad.

ENTIDADES SOCIALES

Las organizaciones de mujeres y las demás entidades sociales tienen en su haber la experiencia y la excelente oportunidad de crear nuevos horizontes de actuación, pues son las impulsoras de los nuevos escenarios sociales a construir. Por lo tanto, su protagonismo en este ámbito resulta decisivo por su doble vertiente de "representantes", en el sentido de estar en contacto con la realidad, y de "dinamizadoras" de la sociedad, dada su capacidad para impulsar planes que generen cambios sociales de calado.

Participar en la redefinición de la violencia contra las mujeres y proponer nuevas visiones para aproximarse al fenómeno.

Cambiar la "identidad de víctima" por la de persona en fase de construir un proyecto en clave singular, donde el afecto no socave ningún derecho fundamental.

Abandonar, en las intervenciones con víctimas de maltrato, los estrechos límites de lo personal para emprender análisis sociales basados en los problemas que conlleva el ejercicio del rol asignado a las mujeres.

Fomentar y difundir experiencias de superación y de recuperación de mujeres a través de su autonomía y su empoderamiento, para que sirvan a otras mujeres como modelo.

Aplicar un nuevo enfoque de masculinidad, donde las funciones tradicionales de dominación se perciban como "déficits" y no como méritos propios de la misma.

PERSONAS EXPERTAS

Crear nuevas categorías de socialización basadas en relaciones igualitarias, donde se priorice la condición de persona individual por encima del ejercicio de un rol femenino (de esposa, compañera) y, por supuesto, de un rol masculino (la tradicional concepción de la primacía del varón).

Impulsar modelos de actuación que trabajen la violencia en términos de proceso (sistemas de prevención).

Implementar modelos y propuestas que sirvan para emprender un proceso de resocialización, donde paulatinamente la identidad de víctima ceda su lugar a la construcción de un nuevo proyecto de vida en el que se recuperen los deseos, las aspiraciones y las actividades privadas y profesionales de las mujeres.

Igualmente, en el caso de los hombres, es preciso trabajar la idea de masculinidad, para desechar aquellos conceptos tradicionales de la misma contrarios a las relaciones de respeto, igualdad, equidad y autonomía.

Crear un marco de discusión que sirva para categorizar un nuevo contrato social. Dicho marco abarcaría desde los símbolos sociales y los lenguajes hasta propuestas éticas de relación entre hombres y mujeres, dibujando un nuevo pacto intra-géneros que recupere el concepto de persona frente a los roles tradicionales.

4. Duración, seguimiento y evaluación

Un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención como el presente debe servir para activar respuestas ágiles e inmediatas en función de la evolución del fenómeno violento a combatir. Evolución en la que han de incidir las distintas medidas puestas en marcha y que se pondrá de manifiesto a través de la evaluación permanente de las mismas.

Por ello, este Plan Nacional tendrá una vigencia temporal de dos años. Durante su primer año de vigencia se concretará en aquellos aspectos que desde las distintas administraciones públicas implicadas en su desarrollo se estimen de implementación prioritaria de forma consensuada, lo que permitirá que la mejora de la respuesta frente a este fenómeno violento y el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de esta violencia sean iguales en todo el territorio, todo ello sin perjuicio de otras actuaciones que en materia de lucha contra la violencia de género se adopten en el ejercicio de sus respectivas competencias.

La Comisión que por mandato de la Ley Integral se creará para el seguimiento y evaluación del Plan, elaborará con carácter anual un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento de las medidas del Plan y el avance en la consecución de sus objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que la eficacia de alguna de las medidas lo es a largo plazo.

Esta evaluación también permitirá identificar buenas prácticas, al objeto de afianzar procedimientos de intervención eficaces, poner de manifiesto los obstáculos en su implementación y contener nuevas propuestas de actuación.

Estos informes anules serán remitidos al Consejo de Ministros a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer.

5. Memoria económica

Cada uno de los Ministerios implicados en el desarrollo del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, ha cuantificado el esfuerzo económico que significará la adopción de las medidas comprometidas en cada uno de los Ejes.

Por tanto, todas y cada una de las medidas del plan están dotadas presupuestariamente.

6. Medidas de intervención

En el siguiente capítulo se presentan las medidas de intervención que desarrollan cada uno de los Ejes de actuación. Para cada una de ellas se identifica el agente responsable de su aplicación y desarrollo. Al final se incluye también un esquema que resume las medidas principales incluidas en cada uno de los ejes.

II. EJES Y MEDIDAS

II.1. OBJETIVO 1. MEJORAR LA RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EJE A: JUSTICIA

EJE B: SEGURIDAD

EJE C: SALUD

EJE D: SERVICIOS SOCIALES

EJE E: INFORMACIÓN

II.2. OBJETIVO 2. CONSEGUIR UN CAMBIO EN EL MODELO SOCIAL AVANZADO EN EL DERECHO DE CIUDADANÍA

EJE F: EDUCACIÓN

EJE G: COMUNICACIÓN

II.3. EJES TRANSVERSALES A LOS OBJETIVOS 1 Y 2

EJE H: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO

EJE I: FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES

EJE J: MOVILIZACIÓN DE ACTORES

EJE K: COORDINACIÓN DE ACTORES

EJE L: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

II.4. CUADRO RESUMEN DE EJES Y MEDIDAS





2011 © Concello de Ferrol - Centro de Información á Muller